La guerrilla en el tablero

Traducido por Idalia Morejon Arnaiz

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Aún no eran las ocho de la mañana del 28 de febrero cuando Fabián Ramírez llegó al Palacio de las Convenciones, un edificio de 1979 en la zona de las embajadas en La Habana. Bajo, fornido y bronceado, con el bigote largo y ralo que es su marca registrada, en lugar del acostumbrado uniforme de camuflaje vestía un pantalón social y una guayabera blanca. Ramírez, seudónimo de José Benito Cabrera Cuevas, es uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc. Contra él existen 42 órdenes de prisión y dos condenas por terrorismo, secuestro, subversión y homicidio calificado. El gobierno estadounidense ha ofrecido 2,5 millones de dólares por informaciones que lleven a su captura

Desde finales de 2012, el gobierno colombiano negocia en Cuba el fin de una guerra que ya dura medio siglo. Las negociaciones reúnen a treinta miembros de la guerrilla, encargados de debatir con los representantes del Estado una agenda que incluye cinco temas: el abandono de las armas, la futura participación de los guerrilleros en la política institucional, la indemnización a las víctimas, la solución para el tráfico de drogas y la reforma agraria. El grupo no siempre es el mismo, pero sí es siempre igual el número de integrantes. Las Farc pueden pedir la sustitución de sus emisarios, cambiándolos por compañeros más capacitados para el tema en pauta. Cuando una nueva leva desembarca en la capital, un número equivalente de guerrilleros tiene que volver a Colombia. En un año y medio, sin embargo, nunca un miembro del Bloque Sur, uno de los más poderosos de las Farc, se había sentado a la mesa, lo cual era interpretado como señal de que parte de los guerrilleros se resistía a un eventual acuerdo. Ramírez, número dos en la jerarquía del Bloque Sur, ha llegado para poner fin a las especulaciones. Mantenida en sigilo hasta el último minuto, su ida a Cuba exigió una operación que había comenzado por lo menos dos semanas antes.

Cada vez que un guerrillero se desplaza hasta La Habana, el gobierno colombiano desmilitariza un área de 50 kilómetros cuadrados. Durante 36 horas (o, en algunos casos, hasta 48), sobre el terreno delimitado no acecha ninguna autoridad judicial, policial o militar, para que los emisarios de las Farc puedan trasladarse. La Interpol retira temporalmente de su lista los nombres de los guerrilleros en tránsito. El día de la operación el piloto recibe un GPS para saber dónde debe recoger a los pasajeros; las coordenadas exactas llegan cuando la aeronave ya está en el aire. El sigilo es fundamental para garantizar la seguridad de los guerrilleros, que sólo aceptan salir de la selva con la mediación de la Cruz Roja, organización internacional independiente. Cada una de esas operaciones cuenta con un equipo de veinte personas y un presupuesto de hasta 50 mil dólares.

Fabián Ramírezy otros dos rebeldes partieron desde algún punto del estado de Caquetá, cerca de la frontera de Colombia con Perú y Ecuador. El avión que los llevó a Cuba hizo una escala en la isla colombiana de San Andrés y aterrizó en La Habana en la noche del jueves 27 de febrero. El día anterior, debido a un lapso, la asesoría de prensa del Ministerio de Defensa de Colombia había divulgado la agenda secreta que el ministro Juan Carlos Pinzón cumpliría en los Estados Unidos, adonde había viajado con el objetivo de tratar sobre los acuerdos militares. A la mañana siguiente, viernes, antes de tomar asiento en la sala de negociaciones en La Habana, los representantes de la guerrilla transmitieron dos comunicados a los periodistas autorizados a seguir el diálogo.

“Es evidente que el gobierno manipula dos discursos, dos agendas diferentes para la conducción del destino del país. Además de la Agenda de Paz de La Habana, una Agenda de Guerra sigue siendo tramada en oscuros acuerdos con los Estados Unidos”, leyó Iván Márquez, diputado en los años 80 y hoy uno de los seis integrantes del Secretariado de las Farc. El segundo anuncio era sobre la llegada de Ramírez, quien no habló con los reporteros.

En la mañana del viernes anterior, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, salió del Palacio de Nariño para la toma de posesión de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. Lo acompañaba una potente comitiva: tres carros blindados importados, cuatro SUVs, seis escoltas en motos, una camioneta panel con funcionarios de su staff personal, una ambulancia y un jeep del que emergía un soldado armado con binóculos y fusil. En el camino, los transeúntes no parecían espantados con el convoy que cortaba el tráfico de la Carrera 7, una de las principales vías de Bogotá. Aunque la capital registre los menores índices de violencia de los últimos años, al cruzar alguna calle cercana a la sede del gobierno todavía forma parte de la rutina de la población abrir bolsas y mochilas para la inspección de los policías armados. O permitir que los perros husmeen sus carros a la entrada de los shoppings más lujosos.

En un país en que 358 alcaldes y 75 congresistas han sido secuestrados en las últimas cuatro décadas, y donde seis candidatos a presidente fueron asesinados en plena campaña en el último siglo, nadie se espanta con el espectáculo de los políticos en caravanas blindadas. Y Juan Manuel Santos, además de presidente, es candidato a la reelección en el pleito del día 25 de mayo. Su principal bandera consiste justamente en el fin negociado de un conflicto que involucra no sólo a las guerrillas y a las fuerzas de seguridad oficiales, sino también a los grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y pandillas criminales. En cinco décadas, la guerra colombiana ha provocado 220 mil muertes, 176 mil de las cuales son de civiles, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y, después de tantos años de violencia, ha engendrado una sociedad traumatizada, exhausta y llena de secuelas. Negociar con las Farc es un riesgo político y personal para el Presidente.

El cambio del comando militar que Santos dirigiría dentro de algunos minutos había sido motivado por las denuncias de , la revista más influyente del país. La publicación había investigado escándalos de corrupción en la cúpula de las Fuerzas Armadas y la existencia de un bunker de escuchas ilegales montado para pinchar a los negociadores del proceso de paz – lo cual probaba que ni siquiera el Ejército apoya totalmente al Presidente.

En menos de veinte minutos, el convoy fue desde el Centro hasta la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, en el norte de la ciudad. A los nuevos comandantes, Santos les repitió dieciocho veces la palabra enemigo – los externos y los internos, igualmente peligrosos porque “van debilitando la credibilidad y la legitimidad de las instituciones”. “Es como el comején, que se va comiendo la madera”, dijo. Entre los uniformados, tres personas se destacaban: Juan Manuel Santos, discursando de pie, vestía un traje gris y una corbata verde claro; su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, también en traje, exhibía su rostro jovial y el pelo empapado en gel. Detrás de los dos, sentado, había un tercer civil: Sergio Jaramillo Caro, el alto comisionado para la Paz. Desentonaba de la postura soldadesca de los demás: pasó casi toda la ceremonia con la cabeza baja y los dedos tamborileando en el celular.

Jaramillo daba instrucciones a su equipo, con el cual viajaría dentro de dos días para la 21ª ronda de negociaciones en La Habana. Mientras el Presidente gobierna y hace campaña es él quien se sienta cara a cara con los guerrilleros en Cuba.

Sergio Jaramillo es el típico antihéroe. Cuando el presidente Santos lo nombró alto comisionado para la Paz – un cargo análogo al de jefe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos -, fue llamado por la prensa colombiana de “probablemente el funcionario más extraño de la cúpula del gobierno” e “intelectual a quien muchos agregarían el adjetivo ‘raro’”. En un perfil publicado por la respetada página de análisis políticos La Silla Vacía, se menciona su naturaleza reservada: “Alguien que lo conoció ha dicho que habla muchos idiomas [inglés, francés, alemán, ruso, italiano, latín y griego], pero sería bueno que practicara por lo menos el español”, dice un fragmento. Enrique Santos, hermano mayor del Presidente, me confió que Jaramillo le parecía “alguien recién llegado de Marte”.

Hijo de la burguesía bogotana, el comisionado es pariente distante del presidente Juan Manuel Santos, a quien sólo conoció cuando fue invitado a integrar el Ministerio de Defensa, en 2006. La fundación de las Farc cumple cincuenta años este mes. Jaramillo cumplió 45. A los 14 salió del país para estudiar en un internado en Canadá. Se graduó de filosofía y filología en el Trinity College de Toronto y en la Universidad de Oxford, y concluyó la maestría en Cambridge. Su especialidad son las lenguas muertas – latín y griego.

Candidato a una plaza de doctorado en la cátedra de griego de la Universidad de Heidelberg, a los 32 años de edad se ganaba la vida lavando platos y preparando ensaladas en un café alemán. Corría el año 2000 y decidió que había llegado el momento de regresar a Colombia. Allá, el presidente Andrés Pastrana estaba de vuelta con la última gran tentativa de negociación con las Farc. El primer empleo de Jaramillo en Bogotá fue en el programa Diplomacia para la Paz, del Ministerio de Relaciones Exteriores; era el encargado de buscar apoyo internacional para el Plan Colombia, recién creado en colaboración con los Estados Unidos para combatir la producción y el tráfico de cocaína, así como a las guerrillas.

Jaramillo habla poco y en voz baja, características que pueden haber ayudado a que el Presidente le haya confiado la misión de establecer los primeros contactos con las Farc. Durante dos años esas conversaciones tuvieron lugar sin que la prensa siquiera desconfiase. Si raras son sus apariciones en público, más raras son sus entrevistas. Es capaz de introducir largas pausas en medio de una frase, como si ensayara en silencio lo que va a decir enseguida. Puede ser incómodo para el interlocutor, pero es perfecto para la conducción de una estrategia que necesita ser minuciosamente pensada.

Me recibió en su apartamento, donde vive con la mujer, en la noche de un lunes a mediados de febrero. Cuando llegué se despedía de un grupo de americanos a los que había invitado a cenar. La sala amplia, recubierta de estantes con libros de filosofía y literatura latinoamericana, estaba iluminada por siete lámparas y un candelabro. Un cuadro con el mapa de Colombia se apoyaba en una de las paredes, sobre el piso, al lado del equipo de música. Una sonata para violín, de Brahms, sonaba a todo volumen.

A dos cuadras de su apartamento se encuentra el Club El Nogal. En febrero de 2003, un atentado terrorista explotó 200 kilogramos de dinamita en el estacionamiento del edificio, dejando un saldo de 36 muertos y 200 heridos. La policía atribuyó la autoría de la explosión a la Columna Teófilo Forero. Considerado la élite militar de las Farc, el grupo se encuentra bajo el comando del Bloque Sur, cuyo subcomandante, Fabián Ramírez, dentro de pocos días llegaría a La Habana para negociar con la comisión de Sergio Jaramillo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo – FARC-EP – es la guerrilla más antigua actuando en el continente. Fue fundada el 27 de mayo de 1964 por el Partido Comunista con el objetivo de promover cambios sociales que acabasen con la “dominación de la oligarquía” y el “imperialismo yanqui”.

Colombia vivió cerca de veinte guerras civiles entre liberales y conservadores a lo largo del siglo XIX – aunque se ha dicho que la única diferencia entre las dos corrientes consistía en el horario en que iban a misa -, y entró al siglo XX  bajo intensos conflictos agrarios. La tensión llego al límite en 1948, cuando fue asesinado el líder del Partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán. Reformador social populista, de retórica modernizadora y antioligárquica en los moldes del brasileño Getúlio Vargas, era seguro que sería elegido presidente. Murió al salir de su oficina cuando iba a encontrarse con el joven abogado Fidel Castro, quien participaba en Bogotá del Congreso Latinoamericano de la Juventud. Gabriel García Márquez recordaba en entrevistas que trató de acercarse al local del crimen, pero que no llegó a ver el cuerpo de su ídolo político. A partir de aquel momento, el tema de la violencia sería incorporado a la obra del escritor.

El asesinato deflagró el Bogotazo, levantamiento popular que terminó en 3 mil muertos. Sofocada en la ciudad, la rebelión se expandió por el campo, provocando más de 200 mil muertes a lo largo de una década. Las personas usan la expresión La Violencia para referirse a ese período. Es en la estela de ese ciclo de conflictos que surgen, en los años 60, los grupos armados patrocinados por grandes propietarios rurales y las guerrillas de izquierda. De éstas, las principales eran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inspirado en el foco rural que culminó en la Revolución Cubana; el Ejército Popular de Liberación (EPL), influido por la estrategia maoísta de guerra prolongada; y las Farc. Años después surgiría también el Movimiento 19 de Abril (M-19), guerrilla nacionalista urbana.

Durante años, las Farc no pasaron de ser uno más entre los tantos grupos armados de izquierda. Casi fueron diezmadas en la década del 70 y en 1975 enviaron una carta al presidente Alfonso López Michelsen proponiendo una tregua definitiva a cambio de la reforma agraria. López no aceptó negociar.

A fines de los años 80, la caída del Muro de Berlín aceleró el fin de las guerrillas en América Latina. Grupos de El Salvador y Guatemala depusieron las armas en negociaciones de paz. En esa misma época, sin embargo, el eje de la exportación de cocaína se estableció en Colombia. Las plantaciones de hoja de coca se desparramaron por la periferia del territorio, donde las guerrillas y los grupos paramilitares habían ocupado el lugar del Estado.

El programa político de las Farc, resumido en una plataforma de diez puntos, propone que las Fuerzas Armadas se ocupen apenas de la defensa externa, que los sectores económicos estratégicos sean estatizados, que la economía se vuelque al mercado interno y que el 50% del presupuesto nacional sea destinado a los gastos sociales. Tal agenda, no obstante, se apoya en métodos de financiamiento ilícitos. Desde su surgimiento, el grupo recurre a secuestros con fines de extorsión y, a partir de los años 80, también a la participación directa o indirecta en el tráfico de drogas. En 34 países, entre ellos Perú, Estados Unidos y los 27 miembros de la Unión Europea, las Farc son consideradas un grupo terrorista. Los demás países latinoamericanos, incluido el Brasil, se abstienen de emplear ese calificativo.

Rubén Zamora está sentado en el lobby del Hotel Palco, al lado del Palacio de las Convenciones de La Habana, en una mañana caliente de febrero. Tiene el pelo canoso muy recortado, viste ropa social y usa espejuelos de grado. Cuenta que se afilió a las Farc para no ser uno más en la cifra de muertos de la Unión Patriótica – el partido de izquierda creado en 1985, en la primera tentativa de poner fin al conflicto civil colombiano, liderado por el presidente Belisario Betancur. La Unión Patriótica llegó a tener representación en el Congreso, pero acabó extinta después que 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 69 concejales, 11 alcaldes y millares de militantes fueron asesinados.

El surgimiento de la Unión Patriótica coincidió con uno de los períodos más violentos en Colombia, cuando narcotraficantes del calibre de Pablo Escobar ganaron protagonismo. En los años 90, el índice de homicidios llegó a 90 por cada 100 mil habitantes, un record internacional. En Medellín, cuna del cartel de Escobar, alcanzó 381 por cada 100 mil. En respuesta al secuestro de la hermana de uno de los jefes de la droga por el M-19, los narcotraficantes pasaron a financiar grupos paramilitares como el MAS(Muerte a Secuestradores), dedicado exclusivamente a asesinar militantes de la izquierda armada.

Zamora era dirigente sindical agrario cuando la Unión Patriótica despuntó. “Como hacía militancia, me vi teniendo que tomar una decisión muy complicada”, contó, sentado en el café del hotel, no muy lejos de la sala donde sus compañeros discutían soluciones para acabar con el tráfico de drogas en Colombia. “O salía del país, porque estaban liquidando a todas las cabezas de las organizaciones sociales y acabaría muerto, o moría haciendo mi trabajo. La otra opción era entrar a la lucha insurreccional”. Tenía 24 años cuando se unió a las Farc. Hoy, a los 51, es descrito por la prensa como “el tipo duro de las Farc en Catatumbo”. Una de las regiones más tensas de Colombia bajo dominio de la guerrilla, Catatumbo se ubica en la frontera con Venezuela y es rica en petróleo, minerales y gas. Zamora confirmó que las empresas allí instaladas pagan un “impuesto”, también conocido como vacuna – extorsión prevista en la ley 002 del grupo. Personas físicas o jurídicas con patrimonio superior a 1 millón de dólares deben desembolsar el 10% de su lucro. “Quien no atienda a ese requerimiento será retenido. Su liberación dependerá del pago a ser determinado”, dice la ley guerrillera.

“Ese impuesto recupera un poco de lo que ellos roban. Devuelve parte del dinero a las reivindicaciones políticas de los trabajadores”, continuó Zamora. Según él, las Farc tratan de boicotear “de forma premeditada” la presencia de inversionistas extranjeros, por tener la convicción de que sus emprendimientos son los responsables por la “depredación ambiental y social” del país. “Además de explotar a los trabajadores de forma indiscriminada, expulsan a las personas de sus territorios para implantar la explotación de minerales, y el dinero va para los paraísos fiscales. No tiene que ser como están haciendo los venezolanos y los ecuatorianos, que detentan el 60% de las acciones de todas las inversiones extranjeras [en recursos naturales], pero seamos razonables”, argumentó.

De los treinta guerrilleros en La Habana, diez participan de la mesa de negociaciones: cinco plenipotenciarios, esto es, investidos de plenos poderes, y los otros cinco como suplentes. Los demás actúan como asesores. Del lado del gobierno colombiano, la formación es exactamente la misma: plenipotenciarios, suplentes y el resto, para un total de treinta. Durante la semana que pasé en Cuba no pude escoger a cuáles guerrilleros entrevistaría, tampoco sabía quiénes serían hasta el momento del encuentro. Zamora fue el primero en aparecer en el café del Hotel Palco –local previamente combinado, donde yo debería permanecer aguardando al comienzo de cada mañana.

Rubén Zamora es uno de los cinco suplentes – participa de grupos temáticos, pero no siempre comparece a la reunión principal. Un informe interno del gobierno dice que tiene “don de mando, excelentes relaciones interpersonales, es un gran escritor (poeta), buen orador, muy analítico, gran lector, capaz de sostener conversaciones sobre diversos tópicos, buen organizador de masas, visionario de trabajo urbano”. La descripción era precisa.

Zamora mal consiguió contener la perturbación que se apoderó de él ante el recuerdo del tiro que recibió en la pierna durante uno de los combates contra el Ejército. Le pregunté si, en el momento en que imaginó que moriría, se había arrepentido de la lucha armada. “No, jamás. Sentí orgullo, era mi sangre. La derramaba por una causa justa. El apoyo de la población campesina estimula mucho, te das cuenta de que estás defendiendo una causa que es de todos. Como decía Chávez, yo no soy yo, yo soy un pueblo”. Era el típico discurso de un revolucionario romántico de los años 60.

Durante casi tres décadas Rubén Zamora no salió de las montañas. A pesar del ambiente hostil – largas y constantes caminatas por terrenos escarpados, el peso de las mochilas y de las provisiones, la selva espesa, los rayos de la región que han matado a sus compañeros -, afirmaba sentir falta de la vida en la naturaleza. Está en Cuba hace un año y medio. La más conocida tentativa del gobierno colombiano de dialogar con las guerrillas comenzó en 1999. El entonces presidente Andrés Pastrana desmilitarizó cinco municipios de la región de Caguán, totalizando un área del tamaño del estado de Rio de Janeiro. El primer día de negociaciones, la televisión filmó al jefe del gobierno a la espera de Manuel Murlanda, fundador y líder de las Farc. El guerrillero hizo forfait, brilló por su ausencia. La imagen de una silla vacía parecia anunciar el fracasso posterior.

La región de Caguán se convirtió en base de entrenamiento de las Farc, que allí se habían reorganizado. En tres años pasaron a contar con un ejército de 20 mil hombres. En los últimos meses de la negociación, en 2002, la guerrilla realizó acciones espectaculares: secuestró un avión comercial y a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. El malogro de Caguán abrió la herida en la sociedad colombiana que explicaría la elección, ese año, de Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador del estado de Antioquia, bajo el slogan Mano firme, corazón grande.

En su autobiografía, No Hay Causa Perdida, Uribe recuerda sus años en la facultad de derecho, en la década del 70, cuando “la izquierda radical marxista-leninista alardeaba del monopolio de la razón en las universidades públicas de Colombia”. “Mis ideas eran radicalmente diferentes”, cuenta, “me gustaba estudiar las obras ‘subversivas’ de ‘revolucionarios’ como Platón y Aristóteles, lo que era el equivalente colombiano de caminar por el campus de Berkeley de la Universidad de California con un bottom de la campaña de Nixon’72”. Uribe se eligió defendiendo la seguridad como pilar de la política colombiana. Su llamada Política de Seguridad Democrática expandió los efectivos militares a todas las regiones del país, disminuyendo el poder de acción de las guerrillas. Fue Sergio Jaramillo, hoy alto comisionado para la Paz, quien diseñó el proyecto.

Jaramillo había seguido desde adentro el proceso de Caguán: además de trabajar en el programa Diplomacia para la Paz, sirvió en la embajada en París, divulgando las negociaciones en Europa. En 2002 ingresó en el gobierno Uribe como asesor estratégico de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, su ex jefe en la embajada. “El plan tenía como eje la idea de recuperar la autoridad, extender el estado de derecho a todo el territorio”, me explicó Jaramillo. “En el 2000 sufríamos casi 3 mil secuestros por año. Conseguimos reducir esa cifra drasticamente”. En el 2013 la policía registro 292 personas secuestradas en Colombia – 21% de ellas víctimas de las Farc y del eln, grupo menos poderoso, pero aún actuante. El proyecto de seguridad estableció un programa de recompensas a informantes, estimuló deserciones ofreciendo penas más blandas a los guerrilleros y creó unidades de soldados campesinos. Entre 2002 y 2010, el país alocó entre 5% y 6% del PIB en la defensa (más que en educación) y el Ejército colombiano pasó a ser el más numeroso del continente, atrás apenas del norteamericano.

La inversión fue financiada por el Plan Colombia. Desde 1999, el país recibió 8 billones de dólares del gobierno de los Estados Unidos – un record en la ayuda a países latinoamericanos. El dinero fue usado en controvertidas fumigaciones a plantaciones de coca (que destruyen las plantaciones, pero también causan daños al medio ambiente y a la salud), en la compra de helicópteros y en el entrenamiento de la inteligencia militar y de batallones antinarcóticos.

Diana Grajales cumplió 28 años. Es delgada, de piel clara, pelo largo y rizado, y usa aretes de fantasía. En el puño trae una cicatriz de bala; en el brazo izquierdo tiene embutida una placa de titanio; en los brazos y en la espalda se ven varias cicatrices. Es guerrillera de las Farc hace casi nueve años.

Nacida en Bogotá, asistía a las clases inaugurales de la facultad de pedagogía infantil y ayudaba a la madre en proyectos sociales en la periferia, cuando comenzó a acercarse a la guerrilla. Ella y sus hermanas alfabetizaban a niños cuyas familias, expulsadas de sus ciudades por los paramilitares, se habían refugiado en la capital. “Mi madre tenía una visión asistencialista del problema y yo ya comenzaba a pensar que lo mejor era reunir a aquellas personas y enseñarlas a luchar por sus derechos. En casa esto acabó en pelea”, me contó en La Habana, donde asesora a los negociadores de las Farc. Cabe a ella alimentar las redes sociales de la guerrilla – página web, Facebook, Twitter y Flickr.

En el trabajo social, Diana se aproximó a un joven que también prestaba ayuda a las familias desplazadas, y él acabó confesándole que pertenecía a las Farc. “Empezó a prestarme libros, lecturas sobre el materialismo histórico dialéctico”, dice. A los 19 se unió a la guerrilla. Dos años después, su hermana menor hizo lo mismo. “Para mi madre fue terrible”, cuenta. “Lloró mucho. Existe un estigma muy grande. Lo que la prensa dice es mentira, es cruel. Pero una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. En la primera etapa, Diana recibió preparación política y militar. “Estudiamos estrategia militar, camuflaje en la selva, los estatutos de comando, y también por qué somos bolivarianos, por qué somos marxistas, por qué somos leninistas, por qué somos un partido en armas.” Después de un año y medio de preparación fue reclutada para el “orden público”, como se refieren al combate armado. A los 20 años comenzó a tomar fusiles para enfrentar al Ejército.

Sentir miedo forma parte, dice Diana, “pero consigues vencerlo cuando estás totalmente convencida de una causa”. Lo más difícil, según ella, fue adaptarse al esfuerzo físico de la vida en las montañas. Sobre ser mujer en medio de un ejército mayoritariamente masculino, repitió algo que ya había oído de otros guerrilleros: “La guerra es dura y compleja para hombres y mujeres, y para nuestra organización la fraternidad está en el orden del día –caso contrario sería imposible sobrevivir en una guerra tan asimétrica, en condiciones topográficas tan difíciles.” Pero admitió: “El machismo de la sociedad también tiene sus reflejos, claro. La guerrilla no es uma burbuja.”

Diana pertenece a una generación que ingresó a las Farc durante la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe. Hace cuatro años perdió a su compañero, muerto en un enfrentamiento con el Ejército. Su hermana menor, entonces con 20 años, había muerto durante un bombardeo pocos meses antes. “Mi hermana era mi alma gemela. Ella y mi compañero murieron en un intervalo de pocos meses, fue muy difícil para mí”, dice.

Entre 2002 y 2008 la tasa de homicidios se redujo en un 40%, los secuestros extorsivos disminuyeron más del 80% y los atentados terroristas prácticamente desaparecieron. Sumando prisiones, bajas y desmovilizaciones, el número de guerrilleros cayó por la mitad. Al final del primer mandato de Uribe, Jaramillo dejó el gobierno para dirigir la fundación Ideas para la Paz, creada por empresarios con la intención de proponer iniciativas para el fin del conflicto armado. En 2005, Uribe consiguió aprobar la posibilidad de reelección y fue confirmado en las urnas. Nombró a Juan Manuel Santos como nuevo ministro de Defensa, y Santos llamó a Sergio Jaramillo para ser su viceministro. El ataque a la guerrilla continuaría, pero las acciones pasarían a ser más precisas.

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Carmenza Gómez Romero me contó su historia un domingo de febrero, en un restaurante en el centro de Bogotá. De ojos almendrados y con expresión triste, traía el pelo corto teñido de un negro casi azulado, y los labios pintados de rojo.

Su fuga, que no terminaría nunca, comenzó una mañana del verano de 1984. Con cinco hijos todavía pequeños, salió de la ciudad de Villavicencio, dos horas al sur de la capital, alrededor de las cinco de la mañana. El marido, acohólico, la amenazaba de muerte. En Bogotá volvió a casarse y tuvo tres hijos más: Víctor, Jason y Alejandro. Embarazada del último, el nuevo marido le pidió que abortase. Ante su negativa, rompieron la relación. Las hijas del primer matrimonio, todavía adolescentes, estudiaban en horarios diferentes para poder turnarse en el cuidado de los hermanos menores.

A finales del 2008, Carmenza parecía finalmente haber encontrado una vida más o menos tranquila: los cinco hijos del primer marido estaban casados y ella vivía em Soacha, en la periferia de Bogotá, con los tres más jóvenes. Fue cuando Víctor, el más viejo de los tres últimos, recibió una propuesta para trabajar en el estado de Santander, a 430 kilómetros de la capital, en el norte. Víctor y dos amigos viajaron el mismo día.

Fueron encontrados muertos una semana después, registrados como guerrilleros de las Farc abatidos en combate. Al hacer la identificación del hermano, Jhon – uno de los hijos del primer matrimonio de Carmenza – reconoció, además de los tres amigos, los cuerpos de otros jóvenes de Soacha. Le extrañó que nunca hubiera sabido de sus conexiones con la guerrilla. Y también le pareció poco probable que los jóvenes hubieran sido enviados al frente de combate apenas una semana después de haber sido reclutados por las Farc.

 Las investigaciones mostraron que Víctor y los dos amigos estaban en una bodega cuando fueron abordados. Llevados a Santander, los mantuvieron como rehenes hasta las seis de la tarde del día siguiente, cuando pasaron a manos de un oficial del Ejército. “Los mandaron a correr y les dispararon por la espalda, para simular muerte en combate. Después vistieron sus cuerpos con uniformes de la guerrilla. La ropa civil estaba llena de huecos, pero los uniformes estaban intactos”, contó Carmenza. Víctor recibió dieciocho tiros. “Mi hijo estaba destrozado. Vi la foto en colores. Es horrible, horrible. Y además le dieron un tiro de gracia aqui”, dice ella, señalando con el dedo índice entre los ojos.

Carmenza denunció el caso, pero ella y los hijos comenzaron a sufrir amenazas por carta y por telefono. Cinco meses después de la muerte de Víctor, Jhon fue assinado. Me dijo que le pide perdón a Dios porque trató de tirarse del autobús expreso que atraviesa la ciudad, pero fue impedida por un amigo. En la última Noche Vieja sufrió dos infartos y pasó tres días en el hospital. “Siento que estoy perdiendo las fuerzas, mi corazón se está apagando. Hoy le ruego a Dios para no morir antes de que prendan a los culpables.”

El episodio de los muchachos de Soacha trajo a la superficie otros casos de civiles registrados como muertos en combate, dando lugar a un escándalo que se ha dado a conocer como los “Falsos Positivos”. Los militares los presentaban como guerrilleros para inflar el número de bajas en el contingente enemigo, y ganar condecoraciones y recompensas en dinero ofrecidas por el gobierno de Uribe. El escándalo tuvo repercusiones internacionales y colocó en riesgo el apoyo político y financiero de varios países. Sergio Jaramillo, como viceministro de Defensa, abogó internamente por la apertura de un proceso. Contra el lobby de los sectores militares consiguió crear un comité para investigar el caso, com representantes de la Procuraduría de la Repúbica, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y las Naciones Unidas.

Hasta julio de 2013, la Procuraduría había abierto investigaciones sobre 2 278 casos de asesinatos ilegales cometidos por agentes del Estado, contabilizando cerca de 4 mil víctimas. Hasta hoy han sido condenados 605 militares. A partir de ese episodio, Jaramillo proyectó nuevas políticas de derechos humanos para los militares, a fin de que cada oficial aprendiese, de manera más práctica, las reglas del derecho internacionl humanitario. Las condecoraciones y recompensas pasaron a ser por las capturas, y no más por las bajas – y ese nuevo sistema de reconocimiento de servicios prestados le costó la enemistad de una parte de las Fuerzas Armadas.

Al caso de los Falsos Positivos se sumó outro escándalo. En 2003, Álvaro Uribe creó un programa de desmobiización de los 30 mil integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo de ultraderecha también vinculado al narcotráfico. A cambio de la reintegración a la vida civil, éstos abandonarían las armas y confesarían sus crímenes, por los que obtendrían penas más leves. Las investigaciones de la prensa y de la propia Justicia descubrieron, no obstante, que muchos de los que se llamaban paramilitares eran criminales comunes que se aprovechaban de la ley, o personas pagadas para que el número de desmobilizados fuera más impactante. En el Congreso Nacional, 68 parlamentares fueron investigados por vínculos con los grupos paramilitares; de ellos treinta fueron presos. Todavía hoy perdura la sospecha de posibles conexiones que incriminarían al propio Urbie, pero nada ha sido probado.

A pesar de las controversias, el presidente terminó su gobierno en 2010 com un 80% de aprobación. Bajo su comando, el Ejército mató a Raúl Reys, líder de las Farc bombardeado en territorio ecuatoriano. A pesar de haber desencadenado una crisis regional, la acción tuvo como resultado el debilitamiento del comando de la guerrilla. Em 2008, Uribe también rescató a Ingrid Betancourt, secuestrada siete años antes en una operación militar digna de Hollywood – pero que enfureció a la Cruz Roja, cuyo símbolo fue usado sin autorización.

Contemporáneos en el ejercicio del cargo, los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez defendían posiciones opuestas en el espectro político. Pero, tal como su vecino, el colombiano es un personalista de almanaque. La hacienda que tiene desde joven se llama Ubérrimo. Su antiguo partido es el Partido de la U (un juego de palavras entre Unión y Uribe). Hoy él es el presidente del Centro Democrático, nombre al cual habría agregado Uribe si la Justicia Electoral no lo hubiera vetado.

Uribe quiso, inclusive, cambiar la Constitución una vez más para concurrir a un tercer mandato, lo que provocó la salida de Sergio Jaramillo. En una de las pocas ocasiones en que apareció en los titulares, Jaramillo justificó su demisión: “Nada da más legitimidad a una democracia presidencial que las reglas que determinan la distribución y alternancia [de poder]”, escribió en 2009. Impedido de disputar la Presidencia por tercera vez, Uribe demoró para decidirse por un sucesor y fue atropellado por su ministro de Defensa: Juan Manuel Santos se lanzó candidato y acabó recibiendo el apoyo de un presidente contrariado.

En 2010, Santos fue elegido con 68,9% de los votos. El día de la toma de posesión, su discurso ya insinuaba una ruptura con el antecessor. Primero declaró que uno de sus “propósitos fundamentales” sería reconstruir los vínculos con Venezuela y Ecuador. Después, que su gobierno estaría abierto al diálogo con los “grupos armados ilegales que invocan razones políticas”, con los cuales Uribe sostenía ser inviable cualquier conversación.

El ex presidente siempre insistió en llamar a las Farc de terroristas, pues así pensaba hacer más ejecutable el financiamento internacional para derrotarlas militarmente. Colombia, que está cortada por los Andes, tiene tres cordilleras y un 42% del territorio cubierto por la selva amazónica, presenta una complejidad geográfica tal que, aliada al dinero proveniente del narcotráfico y a la facilidad con que la guerrilla se camufla y coopta nuevos adeptos, hizo del exterminio de las Farc un desafío casi impracticable. “La meta de dar cabo con todos los guerrilleros es una utopía y nos tomaría otros cincuenta años”, dijo el presidente Santos en un discurso reciente.

Del lado de la guerrilla, prácticamente desprovista de apoyo de la población urbana, se sabe que llegar al poder por las armas tampoco es una alternativa factible. Además, como si no bastase la ascensión de los gobiernos bolivarianos en Venzuela, Ecuador y Bolivia, el hecho de que países como El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Brasil hayan elegido a presidentes que ya integraron la izquierda armada refuerza entre los militantes la impresión de que no habrá momento mejor para formalizar un partido de izquierda.

 El presidente uruguayo José Mujica, ex guerrillero de los Tupamaros, fue al encuentro de los negociadores en La Habana para abogar por el acuerdo de paz. La presidenta Dilma Rousseff nada declaró sobre las negociaciones del país vecino, pero también es vista como ejemplo. De los guerrilleros oí el comentário de que admiraban inclusive la manera sobria como se viste. Poco después uno de ellos, bajito, volvió a conversar sobre la presidenta. Quería saber si la mandataria era mucho más alta que él y yo le pregunté, en son de broma, si nutría algún interés romántico por ella. “Si fueras una reportera de televisión, para responder a esa pregunta sólo miraría hacia la cámara y haría así…”, dijo, cerrando los ojos y dando un largo suspiro.

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Juan Manuel Santos Calderón nació en 1951, hijo de una familia de clase alta de Bogotá, dueña del periódico El Tiempo, uno de los más influyentes del país. Estudió en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, y en Harvard, donde fue becario de la Fundación Nieman. El escritor mexicano Carlos Fuentes, de quien fue alumno, lo describió como un hombre de “mirada felina, barómetro de una sonrisa franca, permanente y, por eso, casi amenazador”. Santos nunca había participado de una elección cuando disputó el cargo máximo.

En su primer mes de gobierno, el presidente comenzó, en sigilo, a estabelecer contactos con las Farc. Los emisarios eran Sergio Jaramillo y su jefe de gabinete, Frank Pearl; los recados fueron intermediados por un facilitador, un empresario de Cali cuya identidad nunca fue revelada. Como prueba de buena fe, Santos incluyó en la negociación inicial a su hermano más viejo, Enrique Santos, periodista que tuvo una revista de izquierda con Gabriel García Márquez y que conoce personalmente a la guerrilla.

Las conversaciones no implicaron un cese al fuego. Mono Jojoy, el jefe militar de las Farc, fue muerto por el Ejército en una operación cinematográfica. Por causa de la diabetes, el guerrillero usaba un calzado especial que lo protegía de escoriaciones en los pies. La inteligencia militar localizó al fabricante de las botas e implantó un GPS en las suelas de un par de ellas. Jojoy fue exterminado en 2010, en un ataque aéreo con bombas de alta precisión.

Tres meses antes del primer tête-à-tête entre un emisario de las Farc y Sergio Jaramillo, el Ejército emprendió otro ataque preciso: mató a Alfonso Cano, número uno de la guerrilla, después de una operación de duró cuatro años, a lo largo de los cuales los servicios de inteligencia se infiltraron en territorio guerrillero. Inclusive con la muerte de Cano, defensor de una salida negociada para el conflicto, las Farc decidieron continuar el diálogo. Los representantes de ambos lados se encontraron por primera vez en La Habana en febrero de 2012. Cuando el avión de los emisarios del gobierno estaba a punto de despegar de regreso a Bogotá, el grupo recibió por celular un mensaje de los guerrilleros informando que, como gesto de buena voluntad, interrumpirían los secuestros.

La práctica de los secuestros había atraído el odio de la sociedad contra la guerrilla: son raros los colombianos que no tengan una historia de pariente o conocido que haya sido muerto o secuestrado. Informes de la Policía Nacional computan, entre 1981 y 2003, un total de 31 827 personas secuestradas en el país, no sólo por las Farc. La prensa notició la suspensión de los secuestros el 26 de febrero de 2012, pero nadie imaginaba en aquel momento que la medida era parte de las negociaciones. Al mes siguiente, el propio Santos se reunió en La Habana con Fidel Castro y Hugo Chávez – este último en tratamiento contra el cáncer que lo mataría -, pidiendo apoyo para el diálogo.

Después de seis meses de reuniones secretas, el grupo estableció los cinco puntos de las negociaciones. “Tenía que ser uma agenda muy puntual, concreta, que abarcase las reivindicaciones históricas de las Farc, aunque sin ceder en todo; no podía parecer que el gobierno pretendía negociarlo todo – el modelo económico, el status de las fuerzas militares”, declaró Enrique Santos durante un fin de semana en Bogotá. “La contribución de Jaramillo fue muy importante, por los contactos que tiene con especialistas internacionales, ingleses, israelitas, ex guerrilleros salvadoreños, y por los experiencias frustradas de Colombia”.

La apertura oficial de las negociaciones sólo fue divulgada el 4 de septiembre de 2013, dos años y medio después de iniciadas las conversaciones secretas. Enrique Santos se retiró y el presidente nombró a los negociadores oficiales. El jefe de la comisión de gobierno es el ex vicepresidente Humberto de la Calle. Político moderado, respetado y carismático, es suyo el papel de portavoz. Jaramillo, el tímido, es el estratega. Además integran el equipo principal, un ex director de la Policía Nacional, un ex comandante de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios.

Internacionalmente, la instauración del diálogo fue celebrada; en el ámbito interno, Uribe pasó a capitanear la oposición a un posible acuerdo: “El presidente Santos nos armó una emboscada, hizo todo lo contrario de lo que ofreció y hoy corremos inmensos riesgos”, declaró. Los documentos prueban, no obstante, que el ex presidente también había tratado de aproximarse a las Farc. Una carta del 5 de marzo de 2010 revela que el entonces alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, propuso a Pablo Catatumbo y Alfonso Cano, secretarios de las Farc, encuentros secretos en Brasil. De acuerdo con un fragmento de la carta, “Brasil garantizaría, dentro del territorio brasileño, la seguridad y la logística de los participantes del encuentro secreto”.

Pearl le propuso a las Farc cuatro posibles localidades: Serra do Cachimbo, Formosa, Boa Vista y Porto Velho. Fueron enumerados los puntos positivos de cada una de las ciudades, como “aislamiento total, control absoluto de la FAB [Fuerza Aérea Brasileña], distanciamiento de las estructuras de inteligencia”, y entre los puntos negativos el hecho de que algunas de ellas eran capitales y estaban a distancias que requerían “vuelos largos”. El documento trae además las eventuales rutas de acceso al territorio brasileño: Cucuí, São Joaquim, Querari, Pari-Cachoeira, Vila Bittencourt, Tabatinga, Ipiranga y Iauretê.

Las Farc no aceptaron dialogar con Uribe.

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Todos los días a las ocho en punto de la mañana, una camioneta panel estaciona en el Hotel Palco. Los guerrilleros son siempre los primeiros en llegar e invariablemente emiten un comunicado a la prensa. Cerca de media hora después, los carros oficiales traen a los representantes del gobierno colombiano, que tratan de hablar lo menos posible. Cuatro garantes – dos de Cuba y dos de Noruega, país con tradición en la mediación de conflictos – también integran la comitiva, para observar las conversaciones y afianzar lo que es acordado.

   La selección de Cuba como sede de la mesa negociadora no sólo es políticamente confortable para la guerrilla, sino que también la resguarda del escrutinio de la prensa. En la isla, los guerrilleros pueden salir para beber y comer cuando lo deseen. Suelen hacer caminatas por la mañana para mantenerse en forma. Los negociadores del gobierno pasan diez días en la isla y vuelven a Bogotá para descansar otros diez días. En La Habana, los dos equipos son alojados en el mismo complejo destinado a huéspedes extranjeros, cedido por el gobierno cubano, pero no comparten ningun área en común. Todos los encuentros tienen fecha y lugar marcados.

En la mañana del 25 de febrero, un martes, en La Habana, Rodrigo Granda, seudónimo Ricardo Téllez, está de pie en una tribuna montada frente a un cartel pegado a la pared que anuncia “Diálogos de Paz”. El canciller de las Farc está a punto de hacer un pronunciamiento.

En su discurso, Téllez defendió una política antidrogas que combata a los grandes narcotraficantes y que presente una alternativa económica para los involucrados en el “microtráfico”. Ya los dependientes químicos deben ser tratados como parte de una política de salud pública, “víctimas de la organización criminal transnacional de tráfico de drogas”. De los cinco puntos de la agenda definida en 2012, el tráfico es el tercero a ser puesto en la mesa de negociaciones.

El primero fue la reforma agraria, la principal bandera de las Farc y un problema real en Colombia. Para el gobierno resulta ventajoso aprovechar la energía que envuelve el proceso de paz para hacer las reformas en el campo, hasta hoy atrancadas por el lobby agrario. Alrededor del 77% de las tierras del país están en manos del 13% de los propietarios, mientras que el 70% de los alimentos producidos vienen de los pequenos agricultores. El nivel de pobreza en el área rural es el doble del encontrado en los centros urbanos. Según lo combinado, el gobierno creará un fondo de tierras improductivas para “regularizar los derechos de propiedad” y “desconcentrar y promover uma distribución más equitativa de la tierra”. Como complemento, promete fomentar líneas de crédito e invertir en la desfasada infraestructura del campo. Para llegar a un acuerdo sobre este primer punto, la mesa demoró siete meses. Y nada será colocado en práctica todavía.  “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, suele decir Jaramillo.

El segundo punto, que demandó seis meses más de negociaciones, es el de la participación política, que discutió instrumentos para evitar que, una vez transformadas en movimiento político legal, las Farc pasen por la masacre que exterminó a la Unión Patriótica. “Es necesario que nuestra patria respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la oposición política, que no seamos estigmatizados y podamos debatir ideas sin miedo de asesinatos, persecuciones, desapariciones o criminalizaciones”, declaró Iván Márquez, negociador jefe de las Farc, cuando el asunto estaba en pauta. Sergio Jaramillo resumió ese punto así: “Llegamos a un acuerdo para después poder estar políticamente en desacuerdo.”

Se esperaba que de ese punto salieran propuestas más objetivas para cuestiones concretas: ¿Los guerrilleros podrán candidatarse? ¿Tendrán que cumplir pena o serán amnistiados, como ocurrió con la guerrilla en El Salvador? Pero las decisiones fueron divulgadas sin muchos detalles concretos, aplazados para una discusión futura. Todo es lento.

En los bastidores se dice que debatir ahora la cuestión de las drogas es una estrategia del gobierno para descubrir las grandes rutas del tráfico que las Farc, si no las dominan, podrían identificar. “Si supiéramos dar una ruta por donde pueden salir tres o veinte aviones, cómo no las usaríamos para volver con armas?”, retrucó Jesús Emilio Carvajalino, más conocido como Andrés París, que tiene un alerta rojo en la Interpol por secuestro, uso de arma de fuego y conspiración para suministrar apoyo material a terroristas. ”Nuestra principal inversión está en las armas. En general caemos cuando tratamos de entrar con munición.”

París es un guerrillero del Caribe colombiano, tiene 59 años, es bajito y rechoncho, usa espejuelos redondos y ostenta un grueso bigote. Recuerda mucho al tesorero de la campaña de Fernando Collor, Paulo César Farias. Entre una pitada y otra a los tabacos cubanos que fuma sin parar, revela una sonrisa oscurecida y pícara, como la de un pirata. Es uno de los cinco negociadores plenipotenciarios de las Farc.

Al hablar sobre los métodos de la guerrilla para introducir armas en el país, París sentenció irónico: “En cuanto a eso no tenemos límites. Si podemos conseguirlas en Marte, allá vamos.” Enseguida agregó, más serio: “Ya las hemos traído por tiera, por el mercado negro, por mar, ya las hemos comprado de los sectores corruptos de las fuerzas militares.” Admitió que las Farc cobran impuestos a los comerciantes que compran hoja de coca a los agricultores, pero negó que la guerrilla sea un grupo narcotraficante. “Rechazamos el narcotráfico. Lo que ocurre es que el narcotráfico es una realidad económica. Cuando comenzó ese fenómeno, Colombia fue inundada por comerciantes de droga que extendieron los cultivos por todo el territorio nacional. Y nosotros estamos en medio de una realidad sociocultural y económica donde existen los cultivos.”

Cada 150 kilogramos de hoja de coca pueden rendir hasta 2 kilogramos de pasta base de cocaína. Un kilogramo de pasta base cuesta cerca de mil dólares en Colombia. Cristalizada en cocaína con 90% de pureza y vendida nacionalmente, ese valor puede duplicarse. En los países vecinos se cuadruplica. En los Estados Unidos, el kilogramo puede valer 25 mil dólares. En Inglaterra, hasta 60 mil. Sin contar que, en la punta, el produto es mezclado con otras sustancias para multiplicar el lucro. “No participamos de la segunda etapa, que es la comercialización, ni de la tercera, que es el financiamiento, donde están los grandes lucros, cuando el precio salta. La propaganda colombiana anuncia que el Ejército destruyó no sé cuántos laboratorios de cocaína, pero ellos llaman laboratorio a lo que en verdad son cabañas donde los campesinos dejan los primeros insumos químicos”, dice París.

Em 2010, la Casa Blanca estimó que en Colombia se habían producido cerca de 286 toneladas de cocaína. Las Naciones Unidas mencionan 377 toneladas. El gobierno colombiano estima que por lo menos un 60% de esa producción tenga lugar en territorios controlados por las Farc. Según InSight Crime, un site de investigaciones sobre el crimen organizado, las Farc son “tal vez el movimiento insurgente más rico del mundo” y pueden estar ganando por lo menos 200 millones de dólares con el narcotráfico a cada año.”

Una vez superada la discusión sobre el tráfico de drogas, restarán otros dos puntos a debatir: el fin del conflito de forma efectiva (cese al fuego bilateral y definitivo) y la situación de las víctimas – lo que podrá dar como resultado la creación de una comisión de la verdad y la discusión sobre la pena para los guerrilleros acusados de crímenes.

Para llegar a la paz, el gobierno aún tendrá que negociar con el ELN, hoy con cerca de 1 500 integrantes, y superar las inevitables tensiones derivadas del fin del conflicto, una fase que Jaramillo estima no durará menos de una década y puede ser la más difícil de recorrer.

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Bogotá está ubicada a 2 600 metros por encima del nivel del mar y es fría casi todo el año, inclusive en verano. Yolanda González está en el centro de la ciudad, a la hora del almuerzo de un jueves de febrero. Usa un chaleco antibalas sobre el abrigo azul, y me cuenta el porqué.

Eran las cinco de la mañana del día 21 de enero de 2000 cuando se despertó con el ruido de un tiroteo. Vivía en Santiago Pérez, un poblado en el estado de Tolima, en el sudoeste colombiano. Estaba en casa con tres de sus cinco hijos, dos niñas de 10 y 11 años, y el menor de apenas 1 año, cuando hombres uniformados y armados comenzaron a golpear la puerta con violencia. Eran guerrilleros de las Farc.

Yolanda, los hijos y los vecinos fueron evacuados en una plantación de mandarina en las afueras del poblado hasta las 10, cuando cesó el tiroteo que mató a guerrilleros, paramilitares y a quince conocidos suyos. Muchos habitantes fueron expulsados de la ciudad aquella misma mañana. Posteriormente se supo que la toma del lugar era parte de una estrategia de las Farc para marcar presencia en el sur del estado de Tolima, y así controlar el paso que conecta la costa del Pacífico a los Andes, en la frontera con Venezuela.

Aquella mañana una guerrillera le había dicho a Yolanda que si quería continuar viviendo en Santiago Pérez tendría que pagar 500 mil pesos mensuales (578 reales al cambio actual) de impuesto por el lucro del salón de billar y de las plantaciones de la granja que poseía, además de entregar a los dos hijos mayores a la guerrilla. La emisaria agregó además que los niños serían educados y trabajarían en las filas, encargándose del poblado. “Le respondí que todo bien, pedí cuatro días para buscarlos en la casa de la abuela, en otra ciudad.” Aquella madrugada, Yolanda huyó de casa con 160 mil pesos (164 reales) y nunca más volvió al lugar donde nacieron las tres últimas generaciones de su familia.

Durante dos años, ella y los hijos, junto con otras 300 familias expulsadas de las ciudades vecinas vivieron sin baño, agua o luz, en un lote que invadieron en Ibagué. Allí, Yolanda vio al padre agonizar durante meses hasta morir de cáncer, y no pudo ofrecerle ningún tratamiento que amenizase el dolor. Estando todavía en Ibagué empezó a sufrir amenazas y decidió huir a Bogotá.

Yolanda es una entre los 5 millones de colombianos (10% de la población) que fueron desplazados por el conflito interno, expulsados o en fuga de las áreas de guerra. Después de Siria, Colombia es el país con mayor número de refugiados internos del mundo.

En 2011, el gobierno aprobó la Ley de Víctimas que, entre otras medidas, trata de devolver las tierras a sus dueños. De los 45 mil pedidos de restitución dirigidos al Ministerio de Agricultura, hasta hoy apenas 666 han sido aprobados. De estos, sólo tres familias han regresado; las demás no se sienten seguras para volver a casa. Desde 2008, 43 líderes de asociaciones que reclaman tierras han sido asesinados en el país. Ese es el tipo de desafío que Colombia vivirá en el período posconflicto: la creación de leyes que abarquen los acuerdos negociados en Cuba y la garantía de que tales leyes sean cumplidas.

En junio de 2012, cuando las negociaciones aún transcurrían en sigilo, el Congreso aprobó también el Marco Jurídico para la Paz. Arquitectado por Sergio Jaramillo, es un dispositivo legal que, partiendo de la imposibilidad de investigar todos los delitos cometidos durante cincuenta años de enfrentamiento, crea leyes transitorias con mecanismos de investigación y castigo, pero también prevé la amnistía para los acusados de baja patente, militares y guerrilleros. Debido a la presión de las organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Watch, el marco fue modificado por la Justicia, que garantizó al Congreso Nacional poderes para conceder amnistías, pero no a los responsables por crímenes de lesa humanidad, como torturas, masacres y violaciones sexuales.

“Lo que nadie puede decir es que habrá impunidad”, ha dicho Jaramillo. “Los que insisten en afirmar lo contrario, en pensar que se puede investigar cada una de las violaciones ocurridas en cincuenta años de guerra, francamente, están diciendo mentiras. Lo que vamos a encontrar al final es una impunidad de hecho.”

El último día 12 de marzo, Juan Manuel Santos comenzó la campaña por la reelección con el lema Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer. Además de las promesas de transformar Colombia hasta 2015 en el país con mejor índice de educación de América Latina y en diez años erradicar la miseria, pretende firmar un acuerdo de paz con las Farc. Recientemente operado de un cáncer de próstata, Santos sufrió una incontinencia urinaria en medio del discurso inaugural de la campaña, pero consiguió contornear el caso en una rueda de prensa que convocó al día siguiente, cuando se presentó al lado de su médico oncólogo.

A pesar de ser el favorito en las encuestas, el presidente cuenta con apenas 28,3% de las intenciones de voto y tiene un alto índice de rechazo. Su ventaja es que no tiene un rival más competitivo en la disputa. Sus principales adversarios son el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, del Partido Verde, y el candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, cuya campaña está a cargo de Duda Mendonça, el marquetero de Lula en 2002. Ambos tienen alrededor del 16% en las encuestas, mientras que el voto en blanco pasaría del 17%. La elección se realiza en dos turnos.

Uribe fue el gran vencedor de las elecciones legislativas realizadas en marzo. Además del propio ex presidente, su partido eligió a otros diecinueve senadores – uno a menos que la coalición de Santos. Si bien es cierto que el sector uribista puede obstaculizar la aprobación de eventuales leyes de apoyo a lo que sea acordado en La Habana, el analista Jorge Restrepo cree que la oposición de Uribe, “que vive de la política del miedo”, acabará por legitimar lo que sea aprobado. “La oposición al proceso es siempre saludable, pero es importante que sea una oposición parlamentaria. Si el proyecto político de Uribe fracasa, los opositores pueden llegar a vías de hecho.”

Restrepo cree que la reelección de Santos será una garantía para la continuidad, sin sobresaltos, de las conversaciones en La Habana. Sin embargo, si el gobierno demorara mucho para llegar a un acuerdo final, la población estará cada vez más escéptica. Cuando Santos anunció los diálogos, dijo que el pacto podría ser firmado en un año, pero veinte meses después todavía se discute el tercero de los cinco puntos. “Tenemos que firmar un acuerdo hasta fin de año, a más tardar en dieciocho meses, o la gente va a empezar a pensar que se trata de un nuevo Caguán”, admitió Jaramillo.

Las reuniones en Cuba se arrastran siempre tensas. Los guerrilleros tienden a hacer discursos teóricos, largas contextualizaciones históricas, disgresiones infinitas. Un participante me dijo que una reunión puede ser “desesperante”. Por otro lado, la cobranza de Jaramillo por conversaciones ágiles y objetivas es lo que más incomoda a los guerrilleros, que dicen sentirse presionados. “Tú dices que somos estalinistas, pero él es peor que Stalin”, dijo uno de los guerrilleros a Enrique Santos, refiriéndose al metódico comisario.

Durante la semana en que seguí la mesa de diálogo en La Habana, dos guerrilleros me dijeron estar leyendo los escritos de Simón Bolívar, el líder de la independencia de buena parte de la América hispana. Fue también leyendo a Bolívar que Jaramillo encontró inspiración para la Política de Seguridad Democrática que desestabilizó a la guerrilla en el gobierno Uribe. “El gran problema histórico es ése: cómo asentar el orden constitucional en todos los rincones de un territorio enorme y accidentado, donde cualquier lomita tiene una casa encima y donde vastos campos – las soledades de Colombia de que hablaba Bolívar – están a disposición de quien quiera dedicarse a cualquier actividad ilegal. Bolívar y Santander entendieron que la respuesta está en tener un gobierno enérgico”, escribió Jaramillo en el periódico El Tiempo, al defender el programa.

En La Habana estaba releyendo, en alemán, las Elegías de Duino,de Rainer Maria Rilke. Dijo que aquellos poemas –algunos de hasta diez páginas – contribuyeron a que permaneciera alerta. “En general la gente es muy autocentrada. Aquí es necesario pensar en lo que el otro está pensando, en lo que el otro está pensando que yo estoy pensando. Es un ejercicio de extrapolación que ayuda a pensar diferente, a encontrar puntos de intersección. Es un cliché pero es verdadero.” Bertolt Brecht escribió algo parecido: “Él pensaba dentro de otras cabezas; y en la suya, otros, además de él, pensaban. Este es el verdadero pensamiento.”

En el intervalo de una reunión reciente, el grupo fumaba y tomaba café. El asunto derivó hacia el fútbol, y uno de los representantes noruegos opinó que la selección colombiana no era de las mejores. Todos comenzaron a discutir y enseguida se instauró una algarabía. No se dieron cuenta de que, por primera vez, habían encontrado un punto de intersección sin necesitar discutir. Defendían lo mismo: todos a favor de Colombia.